Preguntas Frecuentes

Sí. En Uruguay, la participación de un escribano es obligatoria para escriturar una compraventa de inmueble. El escribano es quien da seguridad jurídica al negocio, verificando los antecedentes del título y asegurando que la operación se realice conforme a derecho.

Generalmente, el comprador es quien elige al escribano, ya que será quien necesita garantías respecto al estado jurídico del bien que adquiere. Este escribano se encargará de realizar el estudio de títulos, controlar que el inmueble esté libre de gravámenes y redactar la escritura definitiva.

Se requiere, entre otros: Título de propiedad, Plano de mensura y, si corresponde, habilitación municipal, Certificados registrales actualizados, Certificado de gravámenes, Reglamento de Copropiedad en caso de corresponder, y otros.

• Aprobación crediticia de la institución financiera. • Documentación del inmueble (título, certificados, etc.). • Firma de la parte deudora y, si corresponde, del cónyuge. • Inscripción en el Registro de la Propiedad – Sección Inmobiliaria.

Generalmente los asume la persona que recibe el préstamo, salvo que se pacte lo contrario entre las partes o lo determine la institución financiera.

Trabajamos con todos los bancos e instituciones financieras que operan en Uruguay, incluyendo: BROU (Banco República), Santander, Itaú, HSBC, Scotiabank, BBVA, Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), Heritage, Citibank, Banque Heritage y cooperativas de ahorro y crédito como FUCAC y ACAC. El escribano se encarga del estudio de títulos, la redacción de la escritura hipotecaria y la coordinación con el banco para la firma.

El proceso general es: 1) El banco aprueba el crédito hipotecario. 2) El escribano realiza el estudio de títulos del inmueble (30 años de antecedentes). 3) Se solicitan certificados registrales y catastrales. 4) Se redacta la escritura de hipoteca. 5) Se coordina la firma en el banco o en la escribanía con todas las partes. 6) Se inscribe la hipoteca en el Registro de la Propiedad. El proceso suele demorar entre 30 y 60 días desde la aprobación del crédito.

Una sucesión simple puede demorar entre 3 y 6 meses, dependiendo de la complejidad, la ubicación de los bienes y si hay acuerdo entre los herederos. La rapidez también depende de los tiempos judiciales y administrativos.

El Certificado de Resultancia de Autos es indispensable para acreditar la titularidad de los herederos y para poder disponer de los bienes (ejemplo: vender, donar, etc.).

Debe comparecer el testador ante escribano público, quien redactará el testamento de acuerdo a su voluntad y conforme a derecho. El testamento se otorga (en la mayoría de los casos) en escritura pública, con las formalidades correspondientes.

Sí. El testamento puede ser modificado tantas veces como el testador lo desee, siempre que tenga capacidad legal. La última versión debidamente otorgada será la válida al momento del fallecimiento.

Depende de varios factores: cantidad de socios, capital disponible, nivel de responsabilidad deseado y actividad comercial. Las opciones más comunes son: • SAS (Sociedad por Acciones Simplificada): ideal para startups y emprendimientos, ágil y flexible. • SRL (Sociedad de Responsabilidad Limitada): adecuada para pymes con pocos socios. • SA (Sociedad Anónima): recomendada para empresas de mayor envergadura. Nuestro estudio te asesora para elegir la estructura más conveniente.

La SAS (Sociedad por Acciones Simplificada) fue introducida en Uruguay por la Ley 19.820. Es especialmente atractiva para startups y emprendedores porque: puede constituirse con un solo socio, no requiere capital mínimo, permite estructura flexible de gobierno, la constitución es más ágil que otros tipos societarios, y los socios limitan su responsabilidad al capital aportado.

Los estatutos son el documento fundacional de la sociedad que establece las reglas de funcionamiento: objeto social, capital, administración, distribución de utilidades, toma de decisiones, entrada y salida de socios, y disolución. Son esenciales para prevenir conflictos y dar seguridad jurídica a la empresa.

Los plazos varían según el tipo: • SAS: entre 5 y 15 días hábiles (es el más rápido). • SRL: entre 15 y 30 días hábiles. • SA: entre 30 y 60 días hábiles. Estos plazos incluyen la redacción de estatutos, inscripción en el Registro Nacional de Comercio y demás trámites necesarios.

El registro de marca se realiza ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (DNPI). El proceso incluye: búsqueda de antecedentes para verificar disponibilidad, presentación de la solicitud con los datos de la marca, publicación en el Diario Oficial, período de oposición (30 días), y emisión del certificado de registro. El escribano puede asistir en la preparación y certificación de la documentación necesaria.

El registro de marca tiene una duración de 10 años, renovable por períodos iguales. Es importante renovarla antes del vencimiento para no perder los derechos adquiridos.

El registro brinda protección legal exclusiva sobre el uso de la marca, nombre comercial o creación intelectual en todo el territorio uruguayo. Permite accionar legalmente contra usos no autorizados y da mayor valor a los activos intangibles de la empresa.

Una startup típicamente necesita: constitución de la sociedad (generalmente SAS), redacción de pactos de socios o acuerdos de accionistas, registro de marca, contratos de confidencialidad (NDA), contratos con empleados y proveedores, y eventualmente contratos de inversión. Nuestro estudio ofrece asesoramiento integral para acompañar cada etapa del emprendimiento.

Además de la constitución societaria, una pyme necesita: estatutos actualizados, poderes de representación, contratos comerciales, certificados de existencia y representación, y eventualmente registro de marca. El escribano asesora sobre qué documentación es prioritaria según la actividad y etapa de la empresa.

La legalización es el procedimiento tradicional para validar un documento uruguayo en el extranjero, mediante una cadena de certificaciones. La apostilla, en cambio, es una certificación única y simplificada reconocida entre países que forman parte del Convenio de La Haya, incluido Uruguay.

Sí. Desde hace algunos años, la Dirección General de Asuntos Consulares permite apostillar ciertos documentos en formato electrónico a través de la plataforma del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La donación debe realizarse por escritura pública ante escribano. Además del consentimiento expreso del donante, es imprescindible cumplir con los requisitos legales, como la aceptación del donatario y la inscripción registral del acto.

En general, se aplican: ITP (Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales), que en las donaciones lo paga el donatario, e IRPF.

Es el acto mediante el cual el escribano da fe de que una firma ha sido puesta en su presencia por la persona identificada, dejando constancia de ello en el documento.

Sirve para dar fe de que una copia es fiel y exacta del original exhibido. Tiene valor probatorio y es exigida por distintas instituciones públicas y privadas.

Es un documento que puede ser otorgado en escritura pública o documento privado, mediante el cual una persona (poderdante) autoriza a otra (apoderado) a actuar en su nombre, ya sea para actos jurídicos específicos o generales.

Sí. Puede realizarse ante un consulado uruguayo o ante escribano local, con posterior legalización o apostilla según corresponda, para que tenga validez en Uruguay.

Es un contrato por el cual una persona (Fideicomitente) transmite bienes a otra (fiduciario) para que los administre o disponga de ellos conforme a un fin específico, en beneficio de uno o más beneficiarios.

Principalmente: Fideicomiso de administración, Fideicomiso de garantía, Fideicomiso financiero. Cada uno tiene fines y estructuras jurídicas distintas, reguladas por la Ley N.º 17.703 y su reglamentación.

Los honorarios del escribano público en Uruguay varían según el tipo de trámite, la complejidad y el valor involucrado. A modo orientativo: una compraventa de inmueble tiene un porcentaje sobre el precio de venta (generalmente entre 2 % y 3 % más IVA), una constitución de SAS puede rondar las 20.000-40.000 unidades indexadas, y una certificación de firma tiene un costo menor. Cada caso es diferente, por lo que recomendamos solicitar un presupuesto sin compromiso.

Los costos de una escritura de compraventa incluyen: honorarios del escribano, timbres profesionales, aportes al Colegio de Escribanos, inscripción en el Registro de la Propiedad, ITP (Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales) del 2 % a cargo de cada parte, y gastos de certificados registrales. Algunos bancos como BROU, Santander o Itaú pueden requerir gastos adicionales de tasación cuando la compraventa se realiza con préstamo hipotecario.

El costo varía según el tipo societario: la SAS es la más económica y rápida; la SRL tiene costos intermedios; la SA es la más costosa por las publicaciones obligatorias. Los gastos incluyen: honorarios del escribano, publicaciones en el Diario Oficial, inscripción en el Registro Nacional de Comercio, y trámites ante DGI y BPS. Solicitá un presupuesto personalizado según tu caso.

Depende del trámite. En general, siempre se necesita cédula de identidad vigente. Para compraventas: título de propiedad, plano de mensura, certificados registrales y catastrales. Para sociedades: datos de los socios, objeto social definido y capital a aportar. Para sucesiones: partida de defunción, partidas de nacimiento de herederos y títulos de propiedad. Para hipotecas: aprobación del banco (BROU, Santander, Itaú, HSBC, etc.) y documentación del inmueble. Consulte con nosotros para obtener la lista completa según su trámite.

El escribano público (también llamado notario o escribana pública en su forma femenina) es un profesional del derecho que da fe pública a los actos jurídicos. En Uruguay, el escribano está habilitado para redactar escrituras públicas, certificar firmas y documentos, intervenir en compraventas de inmuebles, constituir sociedades, tramitar sucesiones, otorgar poderes y realizar todo tipo de actuaciones notariales con plena validez legal.

En Uruguay, 'escribano público' y 'notario' son sinónimos: ambos términos se refieren al mismo profesional con fe pública. El escribano (o escribana) debe tener título universitario de Escribano Público otorgado por la Universidad de la República (UdelaR) o universidades privadas habilitadas. A diferencia del abogado, que litiga y asesora, el escribano da fe pública y formaliza actos jurídicos mediante escrituras públicas. Ambas carreras son independientes en Uruguay.

Necesita un escribano público (notario) para: compraventas de inmuebles, hipotecas, constitución de sociedades, sucesiones, testamentos, poderes, certificaciones de firma, donaciones y todo trámite que requiera escritura pública o fe notarial. Necesita un abogado para: litigios judiciales, divorcios contenciosos, demandas laborales y asesoramiento en conflictos. En muchos casos, el escribano y el abogado trabajan de forma complementaria.

La firma digital es un mecanismo tecnológico que permite firmar documentos electrónicos con la misma validez legal que una firma manuscrita. Su función es garantizar: la autenticidad del firmante, la integridad del documento y el no repudio. En Uruguay, la firma digital tiene respaldo jurídico desde la Ley N.º 18.600 y su uso está regulado por AGESIC.

Cualquier persona física o jurídica que desee obtener firma digital debe: Presentarse ante una Autoridad Certificadora acreditada por AGESIC, verificar su identidad mediante un proceso presencial o autorizado, obtener un certificado digital que se asocia a su identidad, y contar con un dispositivo criptográfico seguro (token USB, tarjeta inteligente o HSM).